El Confidencial lleva unos días dando cuenta de los miembros del Gobierno y del PP que, teniendo vivienda en Madrid, cobran la dieta de alojamiento. Hasta 62 diputados lo hacen. La semana pasada, El Confidencial le dedicó un artículo a Cristóbal Montoro: es diputado por Sevilla y tiene tres pisos en Madrid. Hoy le ha tocado a la diputada por Jaén, Elvira Rodríguez: cuatro pisos en Madrid. Su rival en esta circunscripción andaluza, la socialista Concepción Gutiérrez, también tiene piso, sólo uno, en Madrid y desde luego cobra la dieta.
La mayoría de los diputados siguen percibiendo esa dieta de alojamiento, que para los diputados de fuera de Madrid asciende a 1.823 euros. La inefable Andrea Fabra, diputada por Castellón, pero residente en Madrid, la cobra. La recibe el ministro de Interior, diputado por Barcelona, a pesar de que vive en una vivienda que hay en el ministerio. Ni siquiera ha renunciado a ella Mariano Rajoy, que vive en la Moncloa: sólo recibe los 870 euros que les corresponden a los diputados madrileños.
Un parlamentario ha renunciado a esa dieta, Toni Cantó, diputado de UPyD por Valencia: tiene piso en Madrid. Le critican porque dicen que sólo pretende llamar la atención.
Los diputados entienden que esas dietas son un privilegio que se merecen por su cargo, como muchos otros de los que disfrutan: taxis, billetes de avión y tren, internet gratis, iPad, pernoctaciones en el Palace...
No digo que no deberían cobrar una dieta, sino que no deberían utilizarla para añadir un plus a su sueldo: los diputados elegidos por otra circunscripción con vivienda en Madrid pueden llegar a recibir 48.000 euros ilegítimos. Eligen el camino difícil: si cobran, si creen que cobran poco, ¿por qué no se suben el sueldo?, o mejor, ¿por qué no dejan de ser diputados? Que yo sepa, aquí los cargos no se sortean, como ocurría en algunas polis griegas. El problema es que algunos políticos (o muchos) consideran que no vienen a servir sino a servirse del cargo. Predican y imponen una austeridad que no practican.
