El otro día, Montoro dijo que ocho comunidades habían sobrepasado el déficit previsto. Uno inmediatamente pensó en Andalucía, pero Carmen Martínez Aguayo, con esa cara de pena que siempre arrastra (¿y qué otra cara puede tener una consejera andaluza de Hacienda?), aseguró que Andalucía había cumplido. Según La Razón, estas son las ocho comunidades con "tarjeta amarilla": Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón, Murcia, La Rioja y Valencia.
El problema de las Comunidades Autónomas es que, pese a que ya controlan parte de los impuestos, siguen siendo, como decía Valderas, "unidades de gasto": dependen del Estado para financiarse, lo que es grotesco pues en los Estados federales, las regiones son responsables de sus ingresos y de sus gastos. Aquí, en España, no, excepto en el caso del País Vasco y Navarra, cuyos privilegios fiscales fueron arrancados, como sabemos, a punta de pistola.
Cataluña quiere un régimen fiscal parecido al vasco. ¿Y si también lo quisiera Madrid, donde pagan sus impuestos la mayoría de las grandes empresas? ¿Y qué hacemos con el artículo 138 de la constitución?
Hace unos años, Zapatero denunciaba que las autonomías utilizaban el dinero estatal de la ley de dependencia para fines espurios. No deja de ser divertido, pues es lo que vienen haciendo todas las comunidades autónomas con las cantidades que el Estado les destina para educación y sanidad: emplean ese dinero para sus peculiares proyectos, para sus embajadas, subvenciones, prejubilaciones... Y el Estado debe, todos los años, como ha hecho ahora Montoro, aumentar la financiación. En 2002, el Estado gastaba el 4 % del PIB en sanidad; diez años después es más del doble, y la sanidad, evidentemente, no ha mejorado.
¿Acabar, pues, con las autonomías? ¿Mantener sólo las históricas, como quiere CiU? Quizá no sea necesario. El vehemente Roberto Centeno, en su artículo de hoy en El Confidencial, vuelve a denunciar el Estado de las autonomías: no es sostenible. Le contó la situación a un economista del FMI. Con un poco de suerte, enviarán una recomendación que Rajoy no podrá ignorar: acabar con las regiones.
Estado autonómico
Cuando conté, a modo de ejemplo, que la alcaldesa de Madrid y sus concejales tienen 1.500 asesores con un sueldo medio de 47.000 euros y 183 coches oficiales de uso personal, no me creyó. Así de simple. Tuve que pedirle que tecleara en Google “Asesores ayuntamiento Madrid”. Se quedó boquiabierto. El alcalde de Washington, al igual que el de Nueva York, ni siquiera tiene coche oficial y va en metro cada día a su trabajo. Cuando le expliqué que en España hay más de 30.000 coches oficiales, que desde 1978 se han contratado dos millones de empleados públicos a dedo, entre amigos y correligionarios, que las CCAA tienen más de 200 embajadas en el extranjero o que disponen de casi 50 canales de TV con una pérdida anual de 2.400 millones no se lo podía creer.
Artículo 138
Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
