He leído en la edición andaluza del periódico ABC que la Junta presume de austeridad pero mantiene los pluses de los altos cargos, que reduce el número de delegados pero aumenta el de coordinadores. ¿Qué podíamos esperar? Los políticos viven de la política, y su sueldo y complementos... se lo ponen ellos mismos.
Mientras tanto, los funcionarios de la Junta están divulgando un manifiesto de protesta.
En defensa de la función pública
Los funcionarios públicos andaluces no somos responsables de la precaria situación económica de la Administración andaluza, ni hemos vivido por encima de nuestras modestas posibilidades económicas, ni hemos participado en el derroche de las finanzas públicas, ni en la mala gestión que de las mismas se ha hecho. Sin embargo, nos hemos convertido en el objetivo más fácil e indefenso a la hora de aplicarse ajustes y recortes tanto económicos como sociales. Concluyendo en rebajas salariales sucesivas y pérdida de poder adquisitivo, mermando hasta un punto insostenible nuestra viabilidad económica, el futuro de nuestras familias, y nuestra propia dignidad como funcionarios de carrera de la Administración Pública, que hemos accedido a la misma bajos los principios de igualdad, mérito y capacidad.
El 15 de mayo de 2012 en el Consejo de Gobierno se aprueba el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014, donde se ha aprobado un nuevo recorte de nuestras retribuciones y de otra serie de derechos y, antes de que se consume este nuevo atropello exigimos a las autoridades de la Junta de Andalucía que lo eviten con la adopción de una medida tan simple, como razonable y justa.
Esta medida no es otra que la supresión en todo o en parte de las Entidades Instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía (Agencias, Empresas Públicas, Entidades, Fundaciones...) y el despido del personal que no haya accedido a la Función Pública por concurso-oposición u oposición. Este nuevo sector ha propiciado la existencia de un empleo llamado “público”, sobredimensionado, innecesario, insostenible económicamente, que duplica las estructuras administrativas y que se creó a espaldas del Derecho Administrativo incumpliendo los mandatos constitucionales de servicio objetivo al interés general, eficacia, coordinación y acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Dicha “Administración paralela” debe dejar de servirse de Andalucía, devolviendo el protagonismo de la gestión pública a los que nunca debimos perderla, es decir, a los funcionarios de carrera, con sometimiento pleno a la objetividad y transparencia del Derecho Administrativo.
