- Constitución española de 1978: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".
- Parlamento de Cataluña (2013): "El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà".
El histrión de La Moncloa, desde luego, no va a hacer nada. Entre puro y puro, sigue ocupado leyendo las recomendaciones de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional, inventando nuevos impuestos y concediendo indultos que avergonzarían a Hammurabi. Ahora ha beneficiado a un conductor granadino que circulaba a 120 kilómetros por hora en una carretera cuya velocidad máxima era de 40 y que mató a tres personas; el Gobierno ha reducido la condena del homicida a dos años, de manera que este tipejo no tendrá que entrar en prisión.
Volviendo a la declaración de soberanía del Parlamento catalán, un último apunte. Si los nacionalistas toman como premisa la legitimidad democrática, esta procede de la Constitución española, que no reconoce más sujeto de soberanía que el conjunto del pueblo español. Si se asume que Cataluña es una nación, y por lo tanto soberana, los habitantes del Rosellón y la Cerdaña, de Andorra, de la Franja, todos deberían participar en el dichoso referéndum, pero ese proceso no puede iniciarlo el Parlamento de Cataluña, ilegítimo en la medida en que su legitimidad deriva de un artículo de la Constitución española.
El problema es que las premisas de los nacionalistas catalanes son torticeras. Se habla, por ejemplo, de un "espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic". ¿Cataluña es un espacio lingüístico común? ¿Es un espacio cultural y social común? ¡¿Un espacio económico común?!
