Al rey castellano, cuando presentaba una ley, era costumbre responderle: Se obedece, pero no se cumple. Ahora, las leyes que aprueba el Gobierno de España ni se obedecen ni se cumplen. A causa del exceso de gasto en que en los últimos tiempos había caído la sanidad en España y, desde luego, como consecuencia de la crisis, el Gobierno decidió reducir el gasto sanitario: ha introducido el pago suplementario de las medicinas y otras van a dejar de ser subvencionadas. También va a impedir que los extranjeros que no trabajen tengan acceso gratuito a la sanidad pública, salvo en los casos establecidos por los tratados internacionales (urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y posparto y asistencia a menores de 18 años), tal como se hace en la mayoría de los países de nuestro entorno.
Esta última medida hizo que Rubén Sánchez, el portavoz de FACUA que no hace política sino que defiende a los consumidores, tachara de xenófoba a la ministra de Sanidad: supongo que siguiendo la misma lógica retorcida Barack Obama también es un xenófobo y Merkel y todos los dirigentes políticos occidentales. Eso de la xenofobia ha sido también esgrimido por socialistas y dirigentes de IU.
No atender a los inmigrantes no es un problema de xenofobia. España es un país arruinado. Para atender a los inmigrantes ilegales con unos recursos menguantes, ¿hay que prestar peor atención a los españoles o a los inmigrantes que trabajan en España, a los que pagan impuestos? Yo pienso como pienso: pagar impuestos en función de tus ingresos te concede derechos; mientras residan y trabajen en España, en cualquier país, creo que los extranjeros deberían tener derecho a votar.
También han dicho que la medida de Mato es inconstitucional. Tengo la mala costumbre de leer la Constitución y no encuentro nada inconstitucional en lo que la ministra de Sanidad exige.
Artículo 13. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.
Artículo 43. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
Dicen que en realidad la liberal Ana Mato está preparando la privatización de la sanidad, que aprobará pronto una especie de cheque sanitario; sólo espero que se equivoquen: un cheque de ese tipo puede hundir el sistema público de asistencia sanitaria. La ultraliberal Esperanza Aguirre ya estableció algo similar con la desgravación concedida a los contribuyentes que tuvieran a sus hijos en colegios privados. Ese tipo de políticas son insolidarias, injustas y supondrían un retroceso.
Hecho este prólogo, debo decir que yo considero que los inmigrantes tienen derecho a la asistencia pública gratuita, siempre que cumplan una serie de normas. No puede haber derechos y deberes para unos y sólo derechos para otros. En toda esta polémica, encuentro la primera contradicción cuando se dice que los inmigrantes ilegales no tendrán derecho a una tarjeta sanitaria. ¡Por Dios, son ilegales! Además, si la asistencia sanitaria prestada por la administración debe ser universal, ¿a cuántos extranjeros se tendrá que atender para no ser xenófobos? ¿A cien mil? ¿A un millón? ¿A diez millones?
Pero no voy por ahí. Lo que no soporto de todo este asunto es la hipocresía de las comunidades autónomas. Las que más vehemente critican al Ministerio de Sanidad por dejar de atender a los inmigrantes ilegales imponen tales condiciones para acceder al servicio que supondrá al final que estos se van a quedar sin tarjeta. Navarra, por ejemplo, exige que los inmigrantes sean mayores de edad, que no tengan ingresos superiores a 532,51 euros al mes (IPREM fijado en 2012), que lleven al menos un año empadronados en Navarra y que no tengan condenas por delitos ni causas pendientes con la justicia (a lo que parece, ser inmigrante ilegal en España no es delito). Al final, ¿a cuántos inmigrantes seguirá atendiendo gratuitamente la Sanidad navarra?
En Cataluña, se muestran más generosos: se atenderá a los inmigrantes que al menos lleven 90 días empadronados, aunque se les pasará factura a sus países. ¿Qué ocurrirá con un inmigrante que acuda a Madrid con una tarjeta sanitaria catalana?
A veces pienso con alivio que las reglas del fútbol las pone la FIFA: no se obedecen pero el árbitro las hace cumplir. Y si no, ahí está el Comité de Disciplina de la UEFA.
