Soborno y financiación ilegal
Al ayuntamiento, que entonces gobernaba el PSOE, le dio por declarar ilegal ese edificio que todo el mundo conoce como La Lavadora después de estar construido. Lógicamente, soliviantó a su constructor, que era Jesús Gil. Hubo un enfrentamiento muy agrio y el ayuntamiento lo llegó a declarar persona non grata. Eso fue por 1988. De pronto, la discusión acabó y le dieron la licencia de primera ocupación.
Al cabo de los años supimos lo que había ocurrido realmente. García Marcos y algún otro osado de su partido llamaron corrupto a Jesús Gil en 1996, iban diciendo de él de todo por la denuncia del tema de las camisetas, y Jesús se arrancó: llevó a la Fiscalía Anticorrupción fotocopias de los cheques que había tenido que entregar al PSOE para que le autorizasen el dichoso edificio. Eran como 85 millones de pesetas. Una parte, como unos 20 o 25 millones, resultó que habían ido a financiar al partido, según llegó a reconocer un contable del PSOE, pero del resto no se supo nada más... ¿Y qué pasó? Que se decidió que el delito de soborno y financiación ilegal del partido ya estaba prescrito, con lo cual se quedó ahí la cosa. Qué casualidad que todo prescribe en este país, menos las acusaciones contra mí o cualquiera de los del GIL.
Cambio de lindes
Por cierto, la casa de Ángeles Muñoz y su marido sueco, Lars Broberg, ese que se sentaba con Roca, estaba entre Benahavís y Marbella, literalmente. Y digo estaba, porque al poco de llegar a la alcaldía de Marbella, en 2007, cambió las cosas. Buena parte de la urbanización donde está su casa, en la zona arqueológica de Cerro Colorado, estaba en el término municipal de Marbella y era no urbanizable. A la flamante alcaldesa no se le ocurrió otra cosa que cambiar los lindes de Marbella y pasar esos terrenos al término municipal de Benahavís, con lo cual han pasado a ser urbanizables. En total, el cambio de lindes suponía una pérdida de casi 400.000 metros cuadrados de terreno del municipio, saltándose los límites históricos establecidos por el Instituto Geográfico Nacional en 1873 y por el Instituto Cartográfico Andaluz en 2007. Eso, desde luego, no es saqueo de patrimonio municipal. Si a cualquiera del GIL se le hubiese ocurrido hacer algo parecido, no habríamos salido de la cárcel en muchos años.
Zonas verdes
Lo sancionó el ayuntamiento de Málaga porque el tema fue muy descarado, según el "expediente número 330/93, denunciado: D. Juan Carlos López Caballero". Los inspectores lo pillaron en mayo de 1993, pero al parecer la invasión se remontaba a 1991: "Se ha podido comprobar que D. Juan Carlos López Caballero, con domicilio en el mismo de la infracción, ha realizado el vallado de 280 m² de parcela en la parte posterior, invadiendo zona verde, ha aumentado el volumen en la parte trasera de la vivienda en unos 13 m² y ha hecho habitables unos 30 m² de buhardilla, sin estar en posesión de la preceptiva licencia municipal de obras"...
La invasión continuó con absoluta impunidad hasta octubre de 1997, en que el Ayuntamiento sancionó al entonces fiscal de Medio Ambiente, encargado de velar por la persecución de cualquier delito urbanístico en la provincia, con una multa de 25.000 pesetas, muy lejos de las 500.000 pesetas de multa máxima, un auténtico chollo teniendo en cuenta que fueron entre cinco y siete años de apropiación ilegal, hasta ese entonces, porque luego siguió sin abandonar la parcelita, pese a que pagó la sanción inmediatamente, sin rechistar.
El nuevo PGOU recalificó la parcela invadida como quería Caballero, zona verde privada.
Viviendas ilegales
La Junta y yo estábamos de acuerdo en que el Plan de 1998 era absolutamente viable. La prueba de que no era nada descabellado es que cuando se ha redactado otro y se aprueba en 2010, se recoge y aprueba todo lo que ya venía en el del 98. Lo único que se ha dejado fuera, como un escarmiento después de la Operación Malaya, han sido tres promociones, de un mismo promotor, José Ávila Rojas, a quien le habían puesto el sambenito de ser amigo y socio de Roca... Se ha establecido como verdad revelada que el caos provocó 30.000 viviendas ilegales —realmente, luego la Junta rebajó la cifra a 18.000 construidas, exactamente el mismo número de viviendas ilegales de municipios como Chiclana (Cádiz), gobernado por el PSOE— y que eran unas aberraciones tremendas. Sepa usted que lee estas páginas que el Plan que finalmente aprobó la Junta de Andalucía en 2010 recoge todas esas viviendas contempladas en la parte aprobada del Plan del 98 y las legaliza en su inmensa mayoría, el 98 %. Solo han quedado fuera de planeamiento tres promociones, que suponen unas setecientas viviendas construidas en total; de ellas, cuatrocientas habitadas. Apuesto a que en el próximo plan se legalizan.
