El presidente del Gobierno defendía que recuperar el crecimiento era la prioridad y que todavía teníamos margen para seguir utilizando el gasto público como instrumento para impulsar la actividad económica.
Sus tesis encajaban con una visión que encontraría eco internacional en la cumbre que el G-20 celebró en Washington el 15 de noviembre de 2008. El FMI propuso en la reunión de Washington que se destinaran 1,2 billones de dólares, el 2 % del PIB mundial, a poner en marcha acciones para reactivar la economía mediante la inyección de dinero público.
Era todo cuanto necesitaba Zapatero para orillar definitivamente mis advertencias sobre los riesgos del déficit público y la necesidad de defender la estabilidad presupuestaria que tanto esfuerzo nos había costado conseguir. Zapatero volvió de Washington convencido de que él tenía razón frente a mi postura que siempre había considerado excesivamente prudente. Ahora hacían falta medidas audaces, y Zapatero asumió su puesta en marcha con una actitud cada vez más desconfiada hacia mí y hacia la interpretación de la situación que se hacía desde el Ministerio de Economía y Hacienda. Volvimos, pues, de Washington, con la instrucción de poner en marcha un macroplan de inversión pública, a través de los Ayuntamientos.
El Consejo de Ministros del 28 de noviembre aprobó la creación del Fondo de Inversión Municipal para la realización de actuaciones urgentes especialmente generadoras de empleo. El fondo estaba dotado con 8.000 millones de euros (el Plan E).
El presidente tenía su propia visión de la crisis y su hoja de ruta no coincidía con la mía. Yo era un ministro incómodo
