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| Alético Valderas |
El anteproyecto, que cuenta con el aval del relator de las Naciones Unidas para la investigación de las desapariciones forzosas en España, supera y adapta a Andalucía el marco de la legislación estatal en vigor, además de ampliar su horizonte temporal. Así, además de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista, incluye la transición a la democracia hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, con un periodo total que abarca desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982.
Igualmente novedosa es la previsión de incluir los contenidos relacionados con la Memoria Democrática en los planes de enseñanza de la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Educación Permanente de personas adultas. De este modo, se revisarán los textos escolares para que ofrezcan información rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil, con contenidos basados en las conclusiones de la investigación historiográfica. Asimismo, se impulsará la colaboración con las universidades andaluzas para que incorporen esta materia a sus planes de estudios.
En el ámbito de la actuación y la organización administrativa, la norma prevé la creación del Consejo Andaluz de la Memoria Democrática, como órgano consultivo de participación social; y del Instituto de la Memoria Democrática, que asumirá el estudio, la investigación y el impulso de las medidas para garantizar el cumplimiento de la ley.
