El caso de Badia del Vallès
Badia del Vallès es un lamentable ejemplo de las terribles consecuencias que tiene el impulso de la propiedad privada como principal forma de tenencia y, aún más, en el acceso a la vivienda protegida. Se trata de un municipio de la provincia de Barcelona creado por el franquismo en la década de 1960 y conformado por grandes bloques de viviendas públicas destinados a la clase trabajadora. Es lo que se conoce como «ciudad dormitorio». Fruto de la última ola especulativa, algunas entidades financieras (básicamente CatalunyaCaixa) propiciaron la especulación con estas viviendas protegidas, financiando compraventas ilegales. Así, con pisos protegidos que por ley no podían valer más de 40.000 euros se efectuaban hipotecas de 200.000 euros, firmadas en notarías que hacían la vista gorda. Cuando los titulares de estas hipotecas (trabajadores del sector de la construcción, en su mayoría inmigrantes y en algunos casos sin ni siquiera nociones básicas de catalán o castellano) fueron los primeros en sufrir la crisis y se quedaron en el paro, se descubrió el gran fraude.
Deshipotecas
Toda la maquinaria, todas las piezas del engranaje de la industria financiera se pusieron a trabajar para comercializar el máximo número de hipotecas. Todo eran alfombras rojas cuando se trataba de contratar el producto estrella. Los departamentos de marketing de las entidades inundaron el mercado con hipotecas de todo tipo y para todos los perfiles: la «hipoteca joven», la «hipoteca fácil», la «hipoteca libre», la «hipoteca abierta», la «hipoteca tranquilidad», la «hipoteca global», la «deshipoteca», la «hipoteca salvaje», la «hipoteca súper» y la «hipoteca revolución» son solo algunos de los nombres con los que los creativos de las entidades bautizaban los préstamos hipotecarios. Bancos y cajas competían para captar clientes en una carrera sin fin con unas campañas publicitarias cada vez más agresivas y engañosas. Campañas virales en Internet, buzoneo, propaganda, anuncios televisivos, spam en el correo electrónico y una omnipresencia en la calle gracias a la red de sucursales bancarias que te animaban a comprar. Por todas partes los mismos estímulos y los mismos mensajes: las cuotas serán asequibles, si pasas por alguna dificultad el banco te echará una mano, si pierdes el trabajo siempre podrás vender el piso y devolver el préstamo, etcétera. Es normal que con todas estas facilidades miles de ciudadanos acabaran sucumbiendo a la tentación.
Por encima de nuestras posibilidades
Con frecuencia oímos decir que durante años estuvimos viviendo por encima de nuestras posibilidades. No es del todo exacto. Si vivimos de la manera en que lo hicimos fue sencillamente porque estaba dentro de las posibilidades que nos ofrecía el sistema, y es precisamente este sistema el que lo posibilitaba, lo permitía y lo estimulaba.
Vuelta a la peseta
Los saldos hipotecarios se convertirían a la moneda nacional a un tipo de cambio determinado. En este caso los ciudadanos pasarían a deber «pesetas» y por lo tanto la fluctuación de la divisa no les afectaría directamente. En este caso el problema lo tendrían las entidades financieras para devolver los euros que les prestaron sus acreedores internacionales. Bajo esta hipótesis, las entidades financieras quebrarían y el Estado se vería obligado a salir al rescate y nacionalizarlas. Así la deuda privada se convertiría de la noche a la mañana en deuda pública. En este caso, los escenarios que se abrirían serían múltiples y el desenlace imprevisible. Por un lado, los mercados internacionales presionarían sobremanera y nos veríamos sometidos a una nueva oleada de recortes salvajes, al menos en un primer momento. Sin embargo, de existir un fuerte rechazo y contestación social en las calles, se podría presionar al Gobierno para declarar esa deuda ilegítima. Nos podríamos negar a pagarla y a renegociar esa deuda, como hizo Argentina en su momento o Islandia más recientemente, con un resultado más que interesante.
Acobardado ante las dificultades
Marisa, de Cerdanyola, trabajaba de enfermera y estaba casada. Se ganaba bien la vida y tenía una existencia «normal». Tuvo dos hijos, con la mala suerte de que uno nació autista y el otro sufrió una parálisis cerebral. Cuando las cosas empezaron a empeorar económicamente, ella se puso enferma y dejó de poder hacer frente al pago de la hipoteca. El marido, acobardado ante las dificultades, la abandonó a ella y a los hijos. Pero ella no se rindió. A pesar de que el Banco Santander no le ofreció ninguna salida y escogió la vía judicial, Marisa nunca lanzó la toalla. Se realizó la subasta y el banco se adjudicó la vivienda por un 50 %; sumando intereses y costas, le quedó una deuda de 268.000 euros y el juzgado fijó la fecha del desahucio. Se solicitó la intervención de las administraciones local y autonómica, sin que sirviera para nada. Pero con el apoyo de la PAH y la denuncia pública se consiguió ejercer la presión suficiente como para hacer recular al Banco Santander pocos días antes del desahucio, previsto para mayo de 2011. Después de explicar el caso ante numerosos medios de comunicación, el banco accedió a dejar que continuara en su casa en régimen de alquiler asequible
