Sufrí un choque el pasado martes cuando, volviendo del trabajo, escuché en la radio de coche la noticia de la desastrada ley de expropiaciones. La consejera de cupo no dejó de hablar del fin social de la medida, lo que me recordó las expropiaciones salvajes que tuvieron lugar en otros momentos históricos y que también ponían por delante lo del "interés social". Hasta temí que Cortés, no haciendo honor a su apellido, lanzara en cualquier momento el bárbaro grito lerrouxiano: "Destruid los registros de la propiedad y haced hogueras con sus papeles para que el fuego purifique el infame sistema social".
El caso es que esa inocua consejera me pone en la misma postura que el cura catalán del que escribía Eslava Galán: criticaba a sus parroquianos porque por su culpa se veía obligado a hablar en castellano. Eso me pasa a mí. ¿Voy a tener que defender a constructoras y bancos? A ver, consejera, ¿quién construirá un piso si un gobierno nocivo puede expropiártelo? ¿Qué banco va a conceder una hipoteca si no va a existir la posibilidad de ejecutarla si no se paga?
Sin embargo, ayer ya se dieron cuenta de las iniquidades de Elena Cortés. Así, cuando era consejera de cuota de Cajasur, esta entidad ejecutó más de 500 desahucios. Por otra parte, Pedro de Tena se ha preocupado de leer el aburrido BOJA para descubrir que en el último año Cortés ha aprobado más de un centenar de desahucios: ¡¡la Junta tiene la desvergüenza de echar a sus inquilinos que no pagan el alquiler!!
Hoy he comprendido que el dichoso decreto no es sino humo, un asustabancos. Javier Caraballo lo ha señalado de manera más certera:
¿Viviendas gratis? ¿Expropiaciones? Pues como cuando el PSOE prometió que las habitaciones de los hospitales andaluces serían individuales, que se colocaría un ascensor gratis en todos los bloques de pisos que carecieran de él, que se le pagarían las vacaciones a las amas de casa o que todos los andaluces tendrían acceso gratis a internet. Andalucía, dicen, está otra vez a la vanguardia. Pues vale. Lo de siempre. Aquí la realidad siempre ha ido por una parte y la política por otra.
Por otra parte, no deja de ser grotesca la advertencia al Gobierno de que no se atreva a llevar este decreto al Constitucional. ¿Qué es lo que ha hecho el Consejo de Gobierno de la Junta el último año? Y Griñán ha dicho que "el derecho de propiedad lleva como algo inescindible su utilidad y función social". ¿Quería decir socialista?
El decreto-ley, por otra parte, resulta de un ridículo tremendo. Comienza citando el artículo 25 de la DUDH, pero parece olvidar el 17:
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Claro que a la izquierda se le suele llenar la boca con eso de los derechos humanos, pero para interpretarlos a su manera. Ayer, Ada Colau fue entrevistada en esRadio (por decirlo de alguna manera). Vino a decir que los acosadores no eran los escrachistas sino el Gobierno que incumplía los derechos humanos. Supongo que no había leído el artículo 12:
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El decreto-ley continúa con sus tonterías:
La vivienda es elemento determinante en la planificación de las infraestructuras y servicios públicos. La no ocupación de viviendas supone un funcionamiento ineficiente de tales infraestructuras y servicios que contravienen la función social de la propiedad de la vivienda: la no ocupación, el no destino de un inmueble al uso residencial previsto por el planeamiento urbanístico, supone por tanto un grave incumplimiento de su función social.
Y cuando ya nadie construya siempre pueden rescatarse los planos de las jrushchovkas (o griñankas).
Ah, sí, las viviendas nuevas tienen que venderse en seis meses. O serán expropiadas.
Se presumirá que la vivienda no está habitada cuando no se destine efectivamente al uso residencial previsto por el ordenamiento jurídico o el planeamiento urbanístico durante más de seis meses consecutivos en el curso de un año desde el último día de efectiva habitación.
Hay que informar a la Junta:
Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, estarán obligadas a proporcionar a la Administración Autonómica, a requerimiento de ésta, toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes que pudieran incidir, directa o indirectamente, en la indagación de las situaciones de no habitación o de las personas o entidades responsables de tales situaciones.
¿Van a pagar los alquilados las cuotas de la comunidad?
A los efectos de dar cobertura adecuada a los programas de alquiler de viviendas deshabitadas, las Administraciones Públicas competentes, como medida de fomento, podrán concertar el aseguramiento de los riesgos inherentes a la ocupación habitacional de las mismas, que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados, la responsabilidad civil, la asistencia del hogar y la defensa jurídica.
Multas:
Las infracciones muy graves se sancionan con una multa de hasta 9.000 euros. Las infracciones graves se sancionan con una multa de hasta 6.000 euros. Las infracciones leves se sancionan con una multa de hasta 3.000 euros. En ningún caso pueden imponerse multas inferiores a 1.000 euros.
Y para acabar, un poco de justicia retroactiva respetando el espíritu del artículo 11 de la DUDH:
Lo establecido en esta disposición será de aplicación a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de este decreto-ley, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento o se hubiese producido el lanzamiento después de la entrada en vigor del mismo pero la vivienda esté desocupada.
Volviendo a Caraballo, este decreto-ley es un nuevo brindis al sol de la Junta, un enorme farol. Ah, sí, se me olvidaba: el responsable de la derogación de esta ley es el PP.
