Un artículo en ABC apunta a la responsabilidad de Griñán, primero como consejero de Economía y, más tarde, como presidente de la Junta. ¿Y los otros altos cargos? Están aforados: Chaves, Zarrías, que presidía los consejillos (hacía de presidentillo de la Junta), Viera, Recio, Martínez Aguayo, Vallejo... Si la juez Alaya les imputara, acabarían en el Supremo, y allí los jueces, más que pensar en la justicia, sólo tienen en la cabeza su carrera. En España, es casi imposible juzgar a un político. De hecho, los socialistas andaluces están deseando que la jueza entregue de una vez la instrucción al Supremo; incluso El País sugiere que ya debería haberlo hecho. ¿No sería divertido que la Junta, que forma parte de la acusación particular, imputara a algún aforado para arrebatarle la instrucción a Alaya?
