El lunes se anunció que la comisión de los ERE tenía que aplazarse un mes por las dificultades para recabar documentación y, sobre todo, para citar a los comparecientes. Una verdadera faena para Griñán y Chaves, cuya declaración se traslada de un triste viernes de agosto a mediados de septiembre, despedidos ya los becarios y acabadas las vacaciones de los arteros periodistas.
Por eso, modestamente propongo a Ignacio García que, para ganar en agilidad, cambie el método de trabajo. Cada grupo parlamentario debería plantear una decena de preguntas a los comparecientes y, entre esas treinta cuestiones, PSOE e IU podrían elegir cinco, que se enviarían por correo, si se consiguen localizar los domicilios: digamos que en los casos de Griñán y Chaves y de alguno de los consejeros se entendería que no hubiera manera de dar con ellos. Una vez recibidas las respuestas, los miembros de la comisión podrían reunirse y elaborar un resumen, que corroboraría que todo se debió a la torcida mente de Guerrero, maltratada por el consumo abusivo de estupefacientes, drogas y alcohol. Nada sabían los miembros del Consejo de Gobierno. Quizá, el Gobierno central y su delegado en Sevilla deberían haber prestado más atención a los expedientes que les llegaban desde las empresas andaluzas en crisis. Sí, en Madrid lo hicieron mal.
